Pensión compensatoria: no hay fórmula, hay desequilibrio

El desequilibrio no es una cifra, es una comparación

El artículo 97 no dice cuánto. Dice cuándo. La pensión compensatoria se debe cuando la separación o el divorcio producen un desequilibrio económico en relación con la posición del otro cónyuge que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio. Son dos comparaciones encadenadas, no una: se compara la situación de un cónyuge con la del otro, y se compara la situación resultante con la que ese mismo cónyuge tenía dentro del matrimonio. Un cónyuge que gana bastante menos que el otro pero que no ha empeorado respecto de su vida matrimonial puede no tener derecho a nada; un cónyuge que ha empeorado mucho pero cuyo excónyuge tampoco tiene medios puede tener un derecho reconocido y una pensión simbólica.

Esa estructura explica por qué el artículo 97 admite tres formas de pago —temporal, indefinida o prestación única— y por qué la temporal se ha vuelto la regla en la práctica judicial: si el desequilibrio se debe a una desventaja que puede corregirse con formación o con reincorporación al empleo, la pensión tiene la duración de esa corrección. La cifra que sí se calcula no es la pensión sino su equivalente en capital, y ahí no hay discreción judicial sino aritmética: una renta futura vale hoy menos que su suma, y cuánto menos depende del tipo de descuento que las dos partes acuerden.

Lo que se calcula: el valor actual de una renta

Una pensión de 700 € al mes durante ocho años son 8 400 € al año y 67 200 € en total. Pero esos 67 200 € no se cobran hoy: se cobran repartidos en ocho años, y el dinero futuro vale menos que el presente. Descontados al 3 % anual, esos ocho pagos de 8 400 € valen 58 965 € hoy. La diferencia, 8 235 €, es el precio del tiempo. Si el tipo de descuento acordado fuera el 1 %, el valor sería de 64 400 €; si fuera el 5 %, de 54 500 €. La horquilla entre esos dos tipos, casi 10 000 €, es mayor que un año entero de pensión.

Conviene decir de qué depende ese tipo de descuento, porque no es arbitrario. Representa lo que el dinero recibido hoy podría rendir, y también el riesgo de que la renta no se cobre entera: impago, cambio de circunstancias que justifique una modificación al amparo del artículo 100, o extinción por las causas del artículo 101 —nuevo matrimonio, convivencia marital con otra persona, cese de la causa que la motivó—. Cuanto más frágil sea la renta, mayor es el descuento que quien la recibe debería aceptar a cambio de certeza, y mayor el que quien paga debería estar dispuesto a ofrecer.

Temporal, indefinida o pago único: tres decisiones distintas

El artículo 97 permite tres formas, y no son variantes de la misma decisión. Una pensión temporal presupone que el desequilibrio es corregible y fija el plazo de esa corrección. Una pensión indefinida presupone que no lo es —edad, salud, una carrera abandonada demasiado tarde para retomarla— y queda sujeta a la modificación del artículo 100 y a la extinción del 101. Una prestación única cierra el asunto: convierte una obligación futura y revisable en un pago presente e irrevocable, y por eso su precio no es la suma de la renta sino su valor actual.

Y ninguna calculadora ve la liquidación del régimen económico matrimonial, que en la mayoría de los divorcios se decide a la vez y cambia el resultado por completo. Un cónyuge que sale del matrimonio con la mitad de una vivienda no está en la misma situación que otro con los mismos ingresos que sale sin nada. Tampoco ve la pérdida eventual de un derecho de pensión, que el propio artículo 97 enumera y que suele ser el desequilibrio más duradero de todos: no aparece en ninguna nómina y se cobra treinta años después.

Modificación y extinción: la renta no es un contrato

Una pensión compensatoria no es un contrato cerrado. El artículo 100 permite modificarla por alteraciones sustanciales en la fortuna de uno u otro cónyuge, y el artículo 101 la extingue por el cese de la causa que la motivó, por contraer el acreedor nuevo matrimonio o por vivir maritalmente con otra persona. Esa revisabilidad es exactamente lo que se renuncia al aceptar una prestación única: se cambia un derecho revisable por un cobro cierto. Quien recibe debería exigir por ello una prima; quien paga debería estar dispuesto a concederla, porque compra la misma certeza en sentido inverso.

Un apunte de método para terminar. La pensión se negocia casi siempre a la vez que la liquidación del régimen económico, y las dos se compensan entre sí: renunciar a una parte del patrimonio común puede sustituir a años de pensión, y al revés. Calcular las dos por separado y mirar después el saldo neto evita el error más frecuente, que es aceptar una pensión de aspecto razonable olvidando lo que se acaba de conceder en el otro lado de la mesa.

Usar la calculadora sin engañarse

La calculadora de esta página aplica el marco estadounidense y lo dice en pantalla. Úsala para ver la mecánica —cómo una diferencia de ingresos se convierte en importe, cuánto vale un año de duración— y no como una estimación de lo que fijará un juez español, que no está vinculado por ninguna fórmula. Lo que sí se traslada es la aritmética del valor actual: convierte toda propuesta de renta en capital y toda propuesta de capital en renta, con un tipo explícito, antes de comparar dos ofertas que no tienen la misma forma.

Y un último reflejo: calcula siempre el después de impuestos de los dos lados. En España la pensión compensatoria reduce la base imponible de quien la paga y tributa como rendimiento del trabajo en quien la cobra, de modo que el mismo importe nominal no vale lo mismo para los dos. Una oferta aparentemente generosa puede dejar menos en la mano que otra menor, según los tipos marginales de cada uno; compara siempre importes netos.

Un mismo divorcio, seis respuestas, y lo que viaja entre ellas

Alinea los seis sistemas y verás que las diferencias no son de generosidad sino de objeto. Las guías estadounidenses responden a una pregunta de sustitución de ingresos. La prestation compensatoire francesa responde a una disparidad creada por la ruptura y se paga en capital. El derecho alemán pregunta si el matrimonio produjo una desventaja que le sobrevive. El derecho español y el portugués preguntan si quien pide puede mantenerse. El assegno divorzile italiano, desde 2018, pregunta qué aportó y a qué renunció quien pide. Mismos hechos, cinco preguntas distintas, cinco importes distintos.

Lo que sí viaja entre los seis es la aritmética del tiempo y del impuesto. Un importe mensual no significa nada hasta multiplicarlo por una duración y descontarlo; un importe nominal no significa nada hasta saber quién tributa por él. Esas dos operaciones son iguales en todas partes, son las que una calculadora hace de verdad por ti, y son las que la gente se salta. Hazlas primero, con cada oferta, antes de discutir el porcentaje.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto vale una pensión de 700 € al mes durante ocho años?

Nominalmente, 67 200 €: 700 × 12 × 8. Pero eso no es lo que vale hoy, porque los pagos llegan repartidos en ocho años. Descontados al 3 % anual, valen 58 965 €; al 1 %, 64 400 €; al 5 %, 54 500 €. La diferencia entre el total nominal y el valor actual —8 235 € al 3 %— es exactamente lo que se negocia cuando se sustituye la pensión por una prestación única del artículo 97. Y hay un segundo componente que el descuento financiero no recoge: la pensión es modificable por el artículo 100 y extinguible por el 101, mientras que el pago único es definitivo. Quien renuncia a esa revisabilidad debería cobrar una prima por ella.

¿Puede pedirse una pensión compensatoria si el otro cónyuge gana poco?

Sí, porque el artículo 97 no exige que el deudor sea rico: exige que la ruptura produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro cónyuge y un empeoramiento respecto de la situación anterior en el matrimonio. Son dos comparaciones, y la primera es relativa. Pero el artículo 146 del Código Civil, aplicable a la cuantía por remisión de la práctica, y el sentido común judicial imponen el segundo límite: no se puede fijar una pensión que el deudor no pueda pagar. El resultado habitual en esos casos es un derecho reconocido con una cuantía pequeña, o una pensión temporal breve, y la posibilidad de acudir al artículo 100 si la fortuna de cualquiera de los dos cambia sustancialmente.

¿La calculadora predice lo que fijará el juez?

No, y en España menos que en ningún sitio, porque el artículo 97 no contiene fórmula alguna: el juez pondera nueve circunstancias y decide. La calculadora aplica tres guías estadounidenses publicadas, y lo dice en pantalla. Lo que sí sirve es la mecánica que enseña —cuánto mueve el resultado un cambio en cada ingreso, cuánto vale un año de duración— y, sobre todo, la aritmética del valor actual, que es la misma en cualquier jurisdicción: una renta futura vale hoy menos que su suma, y esa diferencia es lo que realmente se negocia cuando se plantea una prestación única.

¿Pensión compensatoria y pensión de alimentos son lo mismo?

No. La pensión de alimentos pertenece a los hijos y se funda en los artículos 142 y siguientes del Código Civil: es una obligación de los padres hacia los hijos que no se extingue por el divorcio. La pensión compensatoria pertenece al excónyuge y se funda en el artículo 97: compensa un desequilibrio entre los adultos. Tienen titulares distintos, causas distintas, duraciones distintas y tratamiento fiscal distinto. Además interactúan: la carga de la pensión de alimentos reduce la capacidad económica que se valora al fijar la compensatoria, de modo que conviene calcular primero la de los hijos y solo después la del cónyuge.

¿Por qué el total cambia tanto si la mensualidad apenas cambia?

Porque el total es la mensualidad multiplicada por una duración, y son las duraciones las que divergen. Con ingresos de 150 000 y 30 000 dólares y un matrimonio de catorce años, las tres guías estadounidenses dan mensualidades de 3 000, 3 250 y 3 500 dólares —menos de un quinto de diferencia— pero duraciones de 2,1 a 10,5 años. Los totales van de 81 900 a 411 600 dólares: cinco a uno. La lección se traslada a cualquier negociación: pelear cien euros de mensualidad mientras se conceden dos años de duración es un mal cambio. Sobre 700 € al mes, dos años valen 16 800 €, y cien euros al mes durante ocho años valen 9 600 €.